¿Buscas una plataforma web, carrito de compras o aplicación móvil?

¡En NEOMA te apoyamos con todo el proceso necesario para que pongas tus proyectos e ideas en línea!


COLUMNA | La política como policía; la policía como política

Medio: MUNDOBIP - Publicado: 19-11-2018 a las 16:14




La muerte del comunero Camilo Catrillanca, producto de un disparo de un uniformado perteneciente al “Comando Jungla” no solo exige una inmediata investigación por parte del Poder Ejecutivo (Carabineros, no debemos olvidarlo, depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública), que permita la debida sanción de los responsables, sino también, y de modo igualmente acuciante, una reflexión crítica y profunda respecto de un fenómeno que se ha acrecentado en Chile durante los últimos años, y que alcanza estos días uno de sus puntos más álgidos desde la recuperación de la democracia: la confianza en Carabineros de Chile para tratar con problemáticas sociales complejas.

Un breve repaso de algunas dimensiones a las que se ha expandido e intensificado la actividad policial permite apreciar este problema.

El año 2001 el entonces gobierno dispuso, con el argumento de hacer frente a la creciente violencia entre bandas de narcotraficantes que tenía lugar en La Legua, que la presencia de funcionarios de Carabineros en la población sería permanente. Una década y media después, lo que podemos ver es que la violencia asociada al narcotráfico no ha hecho sino profundizarse, y que a ello se ha sumado una segunda violencia: la de los funcionarios de Carabineros que realizan controles de identidad ilegales, que rompen mobiliarios en el marco de allanamientos también ilegales, que han llegado, incluso, a “cargar” a habitantes del lugar con drogas, acusándolos luego de porte ilegal de las mismas. De todo ello ha dejado constancia el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, del que ambos formamos parte. Durante un lapso similar se ha desplegado una excesiva presencia policial en comunidades mapuche, que ha llevado a numerosos hechos de violencia, incluyendo la muerte de varios comuneros. Las problemáticas profundas, relacionadas con la tenencia de tierras y el reconocimiento de la propiedad ancestral, y la presencia de las empresas forestales, ha estado lejos de solucionarse. Ambos fenómenos dan cuenta de un patrón similar: la presencia policial es tan inefectiva para solucionar problemas complejos como propicia para acrecentar la violencia. Una ecuación que roza el horror. Durante los últimos meses hemos visto, además, cómo la actividad policial se abre camino a nuevos espacios. Así, los recientes allanamientos a liceos y la discusión a propósito del llamado proyecto “Aula Segura” alertan sobre la introducción de los mecanismos punitivos y las lógicas policiales para el manejo de los problemas que pueden ocurrir en entornos escolares.

En este esquema, la creación, en abril de este año, del llamado “Comando Jungla”, no es sino la profundización de la actividad policial en La Araucanía. Como sabemos, el referido comando consiste en un contingente de funcionarios de Carabineros entrenados en Colombia con aquellos escuadrones que combatieron una de las guerrillas más sangrientas que haya conocido Latinoamérica en el último medio siglo, para combatir, por su parte, la violencia que supuestamente existiría en La Araucanía y sus alrededores. Numerosos observadores hicieron ver que la medida no daría ningún resultado: La Araucanía no presenta índices de violencia que siquiera se acerquen a los de Colombia, ni tiene una geografía que presente alguna similitud. Se trataba, por lo demás, de ir a aprender a un país que recientemente había reconocido el completo fracaso de la vía militar para terminar con las FARC, adoptando una solución política. Lamentablemente, hoy hemos podido observar que la creación del comando Jungla no solo ha sido inefectiva: ha significado la muerte de un comunero, que conducía su tractor, recordando los tiempos de la violencia más oscura que ha vivido este país.

Dos consideraciones surgen sobre este diagnóstico. La primera, y más profunda, puede ser formulada como una pregunta: ¿debe una sociedad democrática sustituir la solución de conflictos sociales por la expansión de la actividad policial? A nuestro entender, la muerte de Camilo Catrillanca alerta de manera dramática sobre los riesgos que estamos corriendo al desatender esta pregunta, permitiendo que se vuelvan cada vez más difusas las fronteras que definen la extensión de la actividad policial.

Una segunda, y de carácter contingente y urgente, dice relación con la evidente incapacidad de Carabineros para lidiar con este tipo de problemáticas, incapacidad ligada a su carácter profundamente antidemocrático. Tres rasgos dan cuenta de este carácter.

En primer lugar, se trata de una policía militar, formada en un ethos donde existen enemigos que derrotar más que ciudadanos con los que colaborar.

En segundo lugar, se trata de una institución con bajísimos niveles de transparencia, no solo evidente en el escandaloso uso de recursos por parte del alto mando, sino también en el modo de llevar a cabo las investigaciones internas para determinar responsabilidad de sus funcionarios: las víctimas apenas saben qué papel pueden desempeñar, no existe información respecto de cómo se llevan a cabo sus investigaciones y sus resultados son casi siempre inefectivos. Una organización con esas características no puede lidiar con situaciones en lo que lo que está en juego son los derechos fundamentales de la ciudadanía. Simplemente carece de un diseño institucional que lo permita.

En tercer lugar, Carabineros carece de una cultura de sujeción al poder civil. Si bien desde el año 2011 la ley establece su dependencia directa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la ambigüedad que existía antes de eso (Carabineros dependía, confusamente, de dos Ministerios: Interior y Defensa), sumado a la poca voluntad de las autoridades por controlar efectivamente a la institución, parecen haber contribuido a la creación de una cultura de autoregulación, dificultando que Carabineros pueda, efectivamente, contribuir al cumplimiento de objetivos políticos y sociales valiosos, democráticamente determinados.

No solo hemos sustituido la política por la policía. Hemos puesto en su lugar a una institución con escasas credenciales democráticas. Quien pierde es el Estado de Derecho y la Democracia; pero también, como hemos recordado estos días, quienes, como Camilo Catrillanca, sufren en carne propia la arbitrariedad de una institución descontrolada.

Pascual Cortés Carrasco y Gonzalo García-Campo Almendros, abogados U. de Chile/Estudiantes LL.M London School of Economics and Political Science/Miembros del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua.

The post COLUMNA | La política como policía; la policía como política appeared first on The Clinic.


Loading...

saldoBip MUNDO BIP: Desde el 2009 junto a ti.
Escríbenos a: hola@mundobip.cl

Desarrollado por NEOMA